2 BOLETÍN DE LA COMISIÓN DE PUERTOS Y MARINA

 

 

“MARINA INAUGURA EXPOMAR 2022 EN EL PUERTO DE COATZACOALCOS”.- Como parte de las actividades realizadas por el LXXX Aniversario del Día de la Marina Nacional y en el marco de los 500 años de la creación del Puerto de Coatzacoalcos, esta mañana, en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, la Secretaría de Marina-Armada de México inauguró la muestra “EXPOMAR 2022”, con la participación de la Secretaría de Energía (CFE), el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA) y la Naviera Integral SA. de CV.

Esta exposición tiene como objetivo principal el acercamiento con la ciudadanía, para mostrarle parte de las capacidades, herramientas y equipos con que cuentan los organismos para atender al país, cuyo territorio bioceánico alberga 117 puertos y terminales marítimas.

El evento de inauguración fue presidido por el Vicealmirante Marcos Hernández Gutiérrez, Comandante de la Tercera Zona Naval, en representación del Almirante José Rafael Ojeda Durán Secretario de Marina, en compañía del General de Brigada Fernando Colchado Gómez, Comandante de la Vigésimo Novena Zona Militar; Licenciado Amado Jesús Cruz Malpica, Presidente Municipal Coatzacoalcos; Capitán de Altura Reyna Melara Vázquez, representante de FIDENA; Almirante retirado Sergio Antonio Islas Sánchez, Capitán de Puerto de Coatzacoalcos y Contralmirante retirado Armando Almaguer Vargas, Jefe de la ADUANA de Coatzacoalcos, entre otras autoridades civiles, militares y navales.

La EXPOMAR está constituida por 19 módulos, de la SEMAR, CFE, FIDENA y CAMEINTRAM, en los que la población podrá conocer más de las labores que realizan estas instituciones. Dentro de los módulos de MARINA, los visitantes podrán saber más acerca de la Universidad Naval, Defensa Exterior, Búsqueda y Rescate, Unidad de Investigación y Desarrollo, Sanidad Naval, entre otros. Además, los asistentes podrán conocer la réplica de la proa (parte del frente de un buque o embarcación) del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, un helicóptero y una embarcación tipo Defender de la Armada de México y unos simuladores, de navegación y de corte y soldadura, así como un vehículo tipo unimog de la CFE, asimismo, niños y niñas podrán disfrutar de un área especial para ellos.

Esta EXPOMAR estará montada del 28 de mayo al 3 de junio y podrá ser visitada por el público en general, en horarios de 10:00 a 18:00 horas, con excepción del día 1 de junio.

 

 

CLAUSURAS A PREDIOS DE SAC-TUN, EN PLAYA DEL CARMEN, COSTARÁN 100 MDD: VULCAN”.- La empresa estadunidense Vulcan Materials Company calculó hasta en 100 millones de dólares las pérdidas durante 2022 por la clausura que le impuso el gobierno federal en el predio de La Rosita, de su filial Sac-Tun (antes Calica), en Playa del Carmen, Quintana Roo, y de la suspensión de su permiso aduanal para operar el muelle de Punta Venado.

Las medidas que el gobierno de México ha tomado en contra de la compañía no sólo incluyen la clausura del único predio que seguía extrayendo piedra caliza, La Rosita, cerrado el 5 de mayo, sino que, además, el 13 de mayo, le suspendió el permiso aduanal para exportar su material desde el muelle, que le había sido renovado apenas en marzo de 2022.

Tal y como manifestó con la clausura del predio de La Rosita, la compañía calificó ─en un informe presentado a sus socios─ de “arbitraria e ilegal” la suspensión de su permiso para exportar materiales vía marítima, pues su concesión para operar el muelle estaba vigente y había sido renovado exitosamente.

MILENIO pudo confirmar que el muelle de Punta Venado, ubicado a unos metros de la carretera de Cancún a Tulum,se encuentra sin operación y sin barco anclado.

“Si la Compañía no pudiera operar completamente en México para el resto de 2022, el impacto potencial en el EBITDA oscilaría entre 80 millones y 100 millones (de dólares), lo que representaría aproximadamente el 5 por ciento de la guía de EBITDA ajustado de Vulcan de mil 720-mil 820 millones (de dólares) para 2022”, informó en su reporte.

“Estas medidas adversas tienen el efecto de cerrar las operaciones de SAC-TUN en Quintana Roo, México”, advirtió.

“Vulcan ha buscado medidas cautelares en México que, de ser otorgadas y cumplidas, permitirían a la compañía reanudar las operaciones normales, incluida la extracción, el procesamiento y la exportación de materiales”, añadió.

“La Compañía pretende buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos, tanto bajo el derecho mexicano como internacional, y reanudar las operaciones normales tan pronto como sea posible”, afirmó.


Predios, propiedad de Vulcan

Vulcan Materials Company ha extraído piedra caliza de sus terrenos en el municipio de Solidaridad durante más de 30 años, desde 1986, y afirma que lo ha hecho de manera completamente legal.

El 12 de mayo, en entrevista con MILENIO, Janet Kavinoky, vicepresidenta de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa de Vulcan, aseguró que los predios son propiedad de la compañía.

“No tenemos concesiones. Una concesión sería si se nos permitiera operar en terrenos públicos o del gobierno, pero, a diferencia de las operaciones mineras, digamos, con oro, nosotros somos dueños de la tierra y somos dueños de las reservas de piedra caliza que hay en el suelo; lo que nos rige son los permisos que han sido renovados repetidamente por el gobierno”, explicó.

En su reporte a los socios, Vulcan afirmó que tener “derecho a mantener la plena propiedad de sus propiedades, es propietaria de las reservas de piedra caliza en las mismas y cumple y siempre ha cumplido con las leyes mexicanas, incluidas las leyes y permisos que regulan nuestras operaciones desde las cuales atendemos a nuestros clientes en los Estados Unidos, México y la cuenca del Caribe”.

Desde fines de 2018, Vulcan Materials inició un procedimiento de arbitraje del TLCAN en contra del gobierno mexicano por su negativa a lograr un acuerdo para desbloquear el cierre arbitrario de las reservas de sus predios El Corchalito y La Adelita.

“Se llevó a cabo una audiencia en julio de 2021 y se espera una decisión en la segunda mitad de 2022. Esta decisión puede retrasarse si el Tribunal acepta la reciente solicitud de la Compañía para escuchar las nuevas violaciones del TLCAN relacionadas con las últimas medidas de México”, advirtió.

Kavinoky dijo al respecto, en la entrevista del 12 de mayo, que el arbitraje internacional, en el que se reclaman mil 500 millones de dólares, busca, más que cobrar esa cantidad, conservar los derechos para seguir operando en los terrenos de su propiedad.

El lunes 23 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a directivos de Vulcan en Palacio Nacional, sin resultados alentadores para alcanzar un acuerdo.

Este miércoles, el mandatario aseguró que lo que busca es la destrucción del territorio mexicano y en cambio, convertir los predios en un parque acuático.

“Se les ofreció facilitarles el puerto Calica, que es un puerto que tiene calado suficiente, para cruceros; sí hay un proyecto alternativo y vamos a hacerles una propuesta de uso de suelo, lo que está muy claro es que no permitimos ya que se extraiga material”, dijo.

“El único acuerdo es que lo que han extraído, se lo pueden llevar, pero ya no van a poder extraer más y si no se llega a un acuerdo, a tribunales nacionales y extranjeros”, advirtió.

 

“AMLO VS. VULCAN: UN PLEITO QUE ESCALA Y UN PARAÍSO TRITURADO EN LA RIVIERA MAYA”.-

       La relación iniciada hace más de 35 años entre el gobierno mexicano y la mayor productora de materiales para la construcción estadounidense, se transformó en una historia de denuncias y recursos legales que derivaron en tres clausuras de operaciones, un arbitraje internacional, acusaciones de estragos en materia ambiental y un socavón de dimensiones industriales, a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen, Quintana Roo.



Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador amaga con que, de ser necesario, acudirá a tribunales internacionales, si la empresa estadounidense Vulcan Materials Company y su subsidiaria en México Sac-Tun (antes Calizas Industriales del Carmen (Calica), no deja de extraer materiales para la construcción de la costa de Quintana Roo, pues con ello acentúa la “catástrofe ecológica” que ha provocado durante más de 30 años, la compañía solicitó desde septiembre de 2018 un panel de arbitraje en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del cual se espera una resolución durante el segundo trimestre de este año.

La relación iniciada hace más de 35 años entre el gobierno mexicano y la mayor productora de materiales para la construcción estadounidense, se transformó en una historia de denuncias y recursos legales que derivaron en tres clausuras de operaciones, un arbitraje internacional y acusaciones de estragos en materia ambiental y un socavón de dimensiones industriales, que desde el cielo se mira como un enorme lunar blanco que escurre hasta la playa entre lo verde de la selva, a la altura de Punta Venado, a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen.

Hoy las actividades están paradas y de acuerdo con la empresa, si no pudiera operar completamente para el resto de 2022, el impacto potencial en el EBITDA oscilaría entre 80 y 100 millones de dólares, lo que representaría aproximadamente 5% de la guía de EBITDA ajustado de Vulcan de 1,720-1,820 millones de dólares para 2022. Por ello pretende buscar “enérgicamente” todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos, tanto bajo el derecho mexicano, como internacional y reanudar las operaciones normales tan pronto como sea posible.

En agosto de 1986, Vulcan Materials Company se asoció con el consorcio mexicano Ingenieros Civiles Asociados (ICA) para constituir Calizas Industriales del Carmen (Calica) propietaria de la cantera más grande de América y la más grande de Vulcan. En 2001 ICA vendió sus acciones a Vulcan. En 2019 cambió su nombre a Sac-Tun (que significa piedra blanca en lengua maya) y que se dedica a la extracción de piedra caliza y otros materiales pétreos en las cercanías de Playa del Carmen, Quintana Roo, donde tiene la propiedad tanto de los terrenos como de las reservas de cuatro lotes: El primero es el predio La Rosita, de donde extrae y procesa piedra caliza desde 1987 y lo hace mediante un permiso que, según la firma, hoy se encuentra totalmente vigente.

El segundo es Punta Venado. La empresa exporta piedra caliza desde la terminal marítima del mismo nombre, la cual construyó y opera conforme a una concesión válida hasta el año 2037. En ese lugar hay operaciones del ferry de carga y vehículos a Cozumel, pero están bajo la responsabilidad de terceros.

El tercero y cuarto lotes son El Corchalito y La Adelita. Estos dos predios están designados para la extracción de piedra caliza y han estado regulados por dos autorizaciones de impacto ambiental, una estatal y otra federal. La compañía no está extrayendo materiales actualmente en ninguno de estos predios.

De acuerdo con la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) emitida por el Instituto Nacional de Ecología el 30 de noviembre de 2000 (el último día de la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León), firmada por el entonces director del organismo, Pedro Guillén Rodríguez, y de la cual El Economista tiene copia, Calica obtuvo el permiso para el aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático en los predios El Corchalito y La Adelita en una superficie total de 1,251.43 hectáreas ubicadas a la altura del kilómetro 276 más 160 y el kilómetro 282 más 600 de la carretera federal 307 Reforma Agraria Puerto Juárez, tramo Tulum-Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

De acuerdo con la diputada federal morenista, Alma Anahí González Hernández, Sac-Tun saca más de 14 millones de toneladas de piedra caliza al año que exporta a Estados Unidos (sus reservas se calculan en 540 millones de toneladas), lo cual ha generado un daño irreparable a la flora y fauna que ha sido desplazada de la zona.

La MIA referida dice que Calica “espera una producción estimada de 248 millones 765,360 toneladas de gravas y 120 millones, 957,909 toneladas de bases; el total anual de materiales para aprovechar será de cinco millones 992,746.66 toneladas de gravas y dos millones 879,950.21 toneladas de bases”.

 


Una “papa caliente” heredada por EPN a AMLO

Los desencuentros protagonizados durante los últimos años entre Sac-Tun, tienen su origen en una reclamación arbitral internacional que fue uno de los asuntos delicados heredados por la administración del presidente Enrique Peña Nieto a la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 3 de septiembre de 2018, la empresa Legacy Vulcan, en representación propia y de Calica, presentó una notificación de intención para someter una reclamación a arbitraje en contra del Gobierno de México al amparo de la Sección B del Capítulo XI del TLCAN.

La empresa reclama una compensación de más de 1,500 millones dólares, más intereses.

Para revisar el asunto se integró un tribunal formado por el holandés Albert Jan Van Den Berg, como presidente, y Guido Santiago Tawil (argentino, portugués) y Sergio Puig (mexicano estadounidense, como árbitros.

De acuerdo con la controversia presentada por la empresa, el gobierno mexicano habría incurrido en incumplimiento de dos acuerdos firmados en 2014 y 2015, lo cuales tenían el objetivo de resolver problemas relacionados con los derechos de la compañía, en virtud de su concesión portuaria, su proyecto de extracción, así como cuestiones relacionadas con los pagos de impuestos locales y federales.

Concretamente, las medidas en litigio incluyen la omisión de la autoridad de modificar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL 2009), el cual impediría a la demandante operar uno de sus predios; la clausura parcial de uno de sus predios por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el supuesto cobro ilegal de tarifas portuarias.

El 18 de mayo de 2020, la Secretaría de Economía (SE) recibió la Memorial de Demanda de la demandante al amparo del TLCAN, por el que se argumenta concretamente que México violó el artículo 1103 del TLCAN, relacionado con el trato de Nación más Favorecida y artículo 1105 del mismo instrumento comercial, que habla del Nivel Mínimo de Trato.

El 23 de noviembre de 2020, México presentó su Memorial de Contestación de Demanda. La Demandante presentó su Memorial de Réplica el 22 de febrero de 2021 y México presentó su Escrito de Dúplica el 24 de mayo de 2021. La audiencia ante el Tribunal Arbitral fue celebrada del 26 al 30 de julio de 2021. La resolución está prevista para el segundo semestre de 2022.

El director general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, Orlando Pérez Gárate solicitó al tribunal “desestimar por completo” la reclamación, así como la correspondiente determinación del pago de costos a favor de México.

Explicó que en su Memorial de Demanda, la empresa refiere supuestas acciones del Estado que involucran a diferentes autoridades de distintos niveles de gobierno, y basa sus reclamaciones en tres grupos de medidas, las cuales no necesariamente están directamente relacionadas entre sí, y no generan, ya sea de manera individual o colectiva, responsabilidad para el Estado mexicano.

Concretamente, la empresa reclama el supuesto incumplimiento de un Memorándum de Entendimiento de 2014, por el cual Calica aparentemente se ha visto impedida para iniciar operaciones en uno de sus predios (La Adelita); la presunta falta de un supuesto reembolso que deriva de una decisión del Poder Judicial relacionada con la legalidad de las tarifas portuarias por el uso de la terminal pública y privada (Punta Venado); y la supuesta clausura ilegal de operaciones de Calica en El Corchalito, como consecuencia de un procedimiento realizado por la autoridad encargada de procurar y defender el derecho humano a un ambiente sano y el cumplimiento de la legislación en materia del medio ambiente.

Según el funcionario, ninguno de estos hechos constituye una violación a alguna obligación internacional por parte del Estado mexicano y planteó que no es casual que la demandante pretenda armar un caso a la medida, invocando la aplicación de un estándar autónomo de Trato Justo y Equitativo (TJE) –en vez del estándar de Nivel Mínimo de Trato–, alegando la aplicación y violación de la llamada cláusula paraguas cuando el TLCAN simplemente no recoge ninguno de estos estándares y, de hecho, ningún tribunal en el marco del propio tratado ha confirmado que alguna de esas teorías legales resulten aplicables.

Asimismo, señaló que en la reclamación basada en el supuesto incumplimiento de un memorándum de entendimiento y un adendum, “como el propio nombre lo indica, carece de obligatoriedad alguna y no forma parte del marco jurídico mexicano”.


Calica adquirió en 1996 los predios de El Corchalito y La Adelita donde realiza extracción de material para la construcción. De acuerdo con el gobierno mexicano, la empresa solamente explotó el predio de El Corchalito, pero no respetó el ritmo de extracción determinado de siete hectáreas por año; mantiene el predio La Adelita en estado natural, con la vegetación y fauna nativas; y nunca gestionó la totalidad de permisos, autorizaciones o concesiones necesarias para explotar el predio La Adelita.

El 22 de enero de 2018 la Profepa notificó a Calica la clausura temporal y parcial, como una medida de seguridad y la imposición de medidas correctivas.

El principal motivo por el cual la Profepa emitió la clausura temporal y parcial sobre el predio El Corchalito, fue para impedir daños ambientales adicionales, ocasionados por la extracción de roca caliza sobre una superficie mayor y a un ritmo mucho mayor que al autorizado.

Se detectó que se extrajeron 2.15 hectáreas más de las permitidas, y esto se agrava, ya que el área de explotación autorizada del proyecto presentado por Calica debía realizarse y distribuirse en los dos predios y no exclusivamente en El Corchalito tal como aconteció.

El 6 de noviembre de 2020, la Profepa notificó a Calica la imposición como sanción, de la Clausura Temporal Parcial en el predio El Corchalito, exclusivamente, por lo que se refiere a una superficie de 2.15 hectáreas y la imposición de diversas sanciones económicas por los incumplimientos y afectaciones ambientales, por un total de siete millones 985,053 pesos.

AMLO ventila el caso desde Palacio Nacional

El inicio de la administración del presidente López Obrador no terminó con esos desencuentros; se hicieron más visibles porque el jefe del Ejecutivo se encargó de exponerlos en su conferencia matutina, particularmente a partir del inicio del año en curso.

La visibilidad de los desencuentros entre la empresa y el gobierno ocurrieron en el marco de las manifestaciones de ecologistas y famosos en contra del trazo del Tren Maya, particularmente en el tramo 5 Norte, de unos 50 kilómetros que va de Cancún a Playa del Carmen y 5 Sur, Playa del Carmen-Tulum, que es de unos 60 kilómetros. Las vías del tren pasarán muy cerca de las instalaciones de Sac-Tun.

El dos de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores González, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán quien fue comisionado por el mandatario para tratar el asunto con los directivos de la empresa Vulcan Materials Company.

Al día siguiente, durante la conferencia matutina, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicó que de los tres predios impactados, dos estaban en explotación. “En el primero hay una concesión sin límite, en el segundo hay una concesión a 20 años que ya se venció y en el tercero hay una concesión que está por vencerse”.

Dijo que en el primero de los predios está almacenada en una parte del material, pero no tienen el permiso de exportación.

Iniciaron el trámite del permiso, se les negó la exportación de ese material y tienen una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que seguramente se resolverá en el transcurso del año, apenas están ellos presentando las pruebas y el (Sistema de Administración Tributaria (SAT) acaba de ser notificado de que inicia el proceso de pedimento de exportación, explicó.

En ese sentido la empresa matriz con sede en Birmingham, Alabama, confirmó que el gobierno mexicano suspendió el permiso aduanero de tres años otorgado en marzo de 2022 a su subsidiaria mexicana y ha iniciado un procedimiento que podría resultar en la revocación de ese permiso. La decisión de mantener o revocar el permiso se tomará dentro de unas semanas.


Recordó que este permiso renovado rutinariamente había sido otorgado recientemente para fines aduaneros en la terminal portuaria dentro de su propiedad y destacó que la terminal portuaria es operada por la Compañía conforme a una concesión que es válida hasta 2037.


Eso permite a la subsidiaria de Vulcan exportar su producción a los Estados Unidos; sin embargo, en ausencia del permiso aduanero, ninguna entidad podrá realizar operaciones de exportación o importación de ningún tipo en el recinto portuario.

Plantea gobierno tres posibles salidas al conflicto

El 20 de abril pasado, el presidente explicó que se buscaba llegar a un acuerdo con la empresa a quien le plantearon tres opciones:

1. La clausura “porque ya no se permite que extraigan material”.
2. Convertir las áreas impactadas en un parque turístico y que usen la concesión del puerto Venado como terminal de cruceros.
3. Que el gobierno federal compre el terreno.

El 2 de mayo el presidente denunció que había sido “engañado” por la empresa, porque le habían dicho que sus actividades estaban suspendidas pero, al hacer un sobrevuelo por la zona se dio cuenta que seguían sacando material del país, por lo que dijo, “, he dado instrucciones a la secretaria para proceder de inmediato”.

Luego dijo que “se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país”.

Cuatro días después, la Semarnat informó que la Profepa realizó una visita de inspección en el predio La Rosita, se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio.

La empresa manifestó que ha sido reticente a abordar públicamente las menciones o cometarios del presidente López Obrador expresadas desde la conferencia matutina, mientras las conversaciones se encuentran en marcha; sin embargo, “en virtud de las repetidas manifestaciones falsas”, aseveró que está comprometida a operar debida y responsablemente con el cumplimiento de las leyes, permisos y autorizaciones correspondientes.

Además, aseguró que tiene el compromiso de invertir en la salud y sustentabilidad de las personas, las comunidades y el medio ambiente en la Riviera Maya.

Además, reiteró que está dispuesta a explorar adaptaciones a sus operaciones para apoyar al turismo y otras actividades de interés en la región, “siempre y cuando podamos continuar suministrando agregados pétreos a nuestros clientes en los Estados Unidos de América”.

Durante los últimos días el director general de Vulcan Materials Company, Thomas Hill ha acudido a Palacio Nacional a reunirse con el presidente y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

El desencuentro continúa, las actividades de la empresa estarían paradas. Las huellas de más de 30 años de extracción son profundas.

 

“CICE ANUNCIA SEPARACIÓN DE OCUPA TRAS COMPRA DE SSA MÉXICO.- El grupo portuario y logístico CICE, anunció la separación de sus intereses de la compañía portuaria OCUPA, luego de que ésta última fuera comprada por SSA México.

Corporación Integral de Comercio Exterior (CICE), que dirige Leoncio Pérez, dio a conocer que, tras las operaciones financieras del 26 de mayo, se concretaron satisfactoriamente las condiciones de cierre del contrato por el 100% de las acciones de OCUPA Holding, con SSA México, el mayor operador portuario de México y de los EE.UU.

Es así que Grupo CICE con sede en el puerto de Veracruz, anunció el viernes que dejó de formar parte del holding de empresas comercialmente conocidas como OCUPA (Operadora de la Cuenca del Pacífico) y FRIMAN (Frigorífico de Manzanillo).

Con ello, precisó, se deja de formar parte del grupo de empresas conocido como OCUPA, una terminal con muelles para arribo de buques de altura y hectáreas de patios, así como de empresas de servicios a la carga en el puerto Manzanillo

Sin embargo, aclaró que la sociedad con los accionistas originales del grupo continuará con los servicios de almacenamiento, integración logística PL y transporte terrestre, a través de ALMAN, IALogistics y Transportes Manzanillo.

“Sin duda colaboraremos con gusto para posicionar la operación logística de este grupo como un referente de éxito a nivel nacional”, dijo el grupo.

CICE agradeció al director de OCUPA, Carlos Olivar Pérez, por su colaboración en el desarrollo de las compañías a lo largo de 26 años, hasta llegar a posicionarlas entre las empresas portuarias más competitivas del Puerto de Manzanillo.

OCUPA y CICE nacieron como empresas hermanas luego de la Reforma Estructural, realizada por el gobierno para desincorporar los puertos en 1992, debido a su quiebra operativa financiera como empresas estatales.

Esto permitió las condiciones de certeza a un grupo de inversionistas formado por agentes aduanales, agentes navieros, transportistas y empresarios de la industria marítima, formar ambos grupos con resultados ampliamente exitosos en los puertos de mayor desarrollo en ese momento: Manzanillo y Veracruz.

 

“COVID-19 DETONA TERCERIZACIÓN LOGÍSTICA EN MÉXICO”.- La crisis sanitaria fue un detonante en México para que empresas de diversas industrias buscaran ampliar su competitividad y muchas de ellas se apoyaron de proveedores logísticos 3PL (Third Party Logistics) para sortear los retos u obstáculos que se presentaron.

“Vimos una tendencia positiva hacia la tercerización (…) incluso con clientes que no habíamos abordado nunca”, aseguró Ricardo Álvarez, director de Grupo en Ryder México, en su participación en la conferencia El 3PL y su nuevo papel organizada por el Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro (ConaLog).

El ejecutivo refirió que este acercamiento se dio porque las empresas valoraron el que los operadores logísticos contaban con una alta especialización, infraestructura, procesos más definidos, talento humano y tecnología.

Así mismo, una necesidad fundamental que se generó entre las compañías fue contar con una mayor visibilidad en su cadena de suministro a través de la integración de sus diversos softwares empresariales, de acuerdo con Carlos Godínez, vicepresidente de ventas y marketing de Transplace en México. “Mucha gente le apostó a esto”, dijo.

“Los clientes están tratando de tener un end to end integrado y han depositado la confianza con nosotros para guiar su planeación. Les podemos ayudar en procesos de órdenes, ejecutado análisis de redes, identificar sus centros de gravedad con soporte en áreas de soluciones”, afirmó por su parte Santiago Gómez, director de Desarrollo de Nuevos Negocios en Solistica.

Esta circunstancia de auge de sus servicios logísticos se vio desafiada con las medidas que tuvieron que aplicar estos 3PL con su propio personal en el cuidado de la salud, sobre todo para evitar contagios internos. “Primero enfrentamos la salud de los empleados”, indicó Jorge Salas, vicepresidente de Operaciones de NTA, especializada en el manejo de productos farmacéuticos.

En esta “continuidad operativa” para enfrentar la crisis sanitaria se optó por modelos colaborativos, tanto con clientes como con proveedores de transporte, para dar factibilidad a las soluciones que se presentaban para cada necesidad en el movimiento de mercancías. “Esto habla de la adaptación, esta es la base de la continuidad. Teníamos que mejorar continuamente”, dijo Santiago Gómez.

Esta adaptación se tornó altamente necesaria en momentos en que muchas empresas se volcaron a migrar sus operaciones hacia los canales de venta digitales (comercio electrónico). Los 3PL, algunos de ellos especializados en industrias de alto volumen, como la automotriz, tuvieron que iniciar un proceso de conversión hacia el entendimiento de pequeños paquetes y el contacto directo con consumidores finales.

“Teníamos que tener la capacidad, fiabilidad y velocidad bastante alta (…) mucho de la digitalización vino a acelerar procesos”, dijo.

Sin embargo, de cara a la recuperación que está presentando el mercado, los operadores logísticos enfrentan nuevos retos, como el buscar un nuevo balance entre la competitividad y la tendencia inflacionaria que incurre en muchos de sus costos, así como el “robo” de talento, una situación que se torna complicada en momentos en que el personal especializado tiende a escasear.

 

 

“GESTIÓN PORTUARIA SOSTENIBLE; ESPAÑA SE SUMA CON ÉXITO”.- En la presentación “Estrategias de Desarrollo Sostenible en Puertos”, realizada durante la V Conferencia Hemisférica sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental, Álvaro Rodríguez Dapena, Presidente de Puertos del Estado de España, expuso las ideas centrales de la incorporación de la sostenibilidad ambiental en la estrategia de desarrollo y funcionamiento de los puertos españoles, desde una óptica global en el marco comunitario de la Unión Europea.

“Estamos en un mundo muy interconectado conformado por cadenas marítimo terrestres de escala global [...] en España nos hemos posicionado muy potentemente, hoy en día somos el primer país de la UE en conectividad marítima del contenedor y el séptimo del mundo, hemos desarrollado una estrategia con tres dimensiones, a nivel económico, ambiental y social, marcando una pauta de desarrollo con criterios de actuación de 16 líneas estratégicas; dos de ellas con enfoque ambiental, puertos ambientalmente sostenibles y puertos proactivos”, indicó Rodríguez Dapena, al respecto de la gestión portuaria sostenible.

La V Conferencia Hemisférica sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental: “Sustentabilidad ambiental portuaria, en busca de prácticas exitosas”, organizada por la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Marina de México, el funcionario indicó:

“Por supuesto, estamos en las redes logísticas, lo cual significa que estamos trabajando también para irradiar nuestra política de sostenibilidad ambiental a la cadena de transporte. Y también ser punta de lanza en todo lo que tiene que ser un proceso de hacer frente a la emergencia climática, tanto de descarbonización asociada a la disminución de los efectos de gases, a fin de minimizar el calentamiento global, indicó Rodríguez Dapena y continuó:

El objetivo, obviamente, es atender a un posicionamiento de los puertos para permitir el flujo de paso de mercancías y pasajeros lo más rápido posible y al menor coste. Atender también a esas necesidades de operadores logísticos de generar valor sobre la carga, ofreciendo desarrollos junto a los puertos y potenciar ese valor y asegurar una gestión portuaria sostenible.

Todo esto nos lleva a generar una estrategia presente en todo el ciclo de desarrollo del puerto, desde la planificación portuaria, en donde nosotros estamos obligados a hacer una evaluación estratégica ambiental cuando tenemos un gran desarrollo portuario, diseñando planes de vigilancia ambiental para ir controlando la ejecución de la obra; además, durante todo el proceso de funcionamiento de los puertos tenemos distintos epígrafes sobre los que establecemos controles que hoy en día están tipificados a través de indicadores con metas determinadas.

Y no solamente estamos trabajando para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminación directa sobre las ciudades, sino que estamos trabajando incluso para prepararnos para escenarios en los cuales indefectiblemente se va a haber alterado el entorno en un calentamiento global que realmente ya se está produciendo y que afecta de forma muy importante, sobre todo el litoral en general y muy particularmente en los puertos.

Ante un compromiso con la ciudad que tiene que ver con el entronque con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que tiene que ver con una colaboración interinstitucional desde la ejemplaridad, desde la transparencia. Estos son los ejes con los que venimos trabajando en lo que es el marco estratégico, a fin de lograr una gestión portuaria sostenible.

Para nosotros la gestión portuaria sostenible es muy importante, es decir, todos los residuos no solamente están controlados, sino valorizados, de manera que entren en el juego de la propia economía circular. La eficiencia en todos los consumos, en todos los insumos, en el uso de esos insumos, agua, electricidad, etcétera; estamos también controlándolo. Para todo esto estamos aplicando una tecnología, una integración en su entorno, de manera que seamos capaces de reconocer las vulnerabilidades que hay en los medios naturales protegidos.

Obviamente la gestión portuaria sostenible requiere la reducción de la contaminación. Y aquí hay dos ejes, dos verticales, en las que estamos trabajando, inyectando tecnología que asegure por un lado la eficiencia y por otro la calidad ambiental, en este ámbito, empujar a los otros portuarios a que entiendan que un buen desempeño ambiental, redunda incluso en un mejor posicionamiento en las cadenas.

 

“ESBOZOS DE UNA RECUPERACIÓN DE LA LOGÍSTICA MARÍTIMA LATINOAMERICANA POST-COVID”.- Informe de CEPAL analiza los efectos de la pandemia y el alza de fletes

La llegada de la pandemia significó intensos cambios en un corto plazo en la cadena logística marítima contenerizada, con efectos que se sienten hasta hoy y que incluyen nuevas aristas que se desprenden de las repercusiones de un fenómeno que ha ido evolucionando junto con el virus. Precisamente, esos efectos son los que se analizan en detalle en el documento “Informe Portuario 2021: las primeras señales de recuperación en el transporte marítimo internacional vía contenedores de América Latina y el Caribe”, presentado en mayo 2022 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, al cual MundoMaritimo tuvo acceso exclusivo, y que busca presentar la evolución y consecuencias del comportamiento del comercio en la región y cómo es que las disrupciones provocadas por el Covid-19 han afectado las importaciones y exportaciones de América Latina y el Caribe.

Recuperación dispareja

Tras analizar los distintos países de la región, tanto en la costa Atlántica como en el Pacífico, el reporte concluye que, aun cuando hay señales de recuperación en toda América Latina y el Caribe, esta no se está dando de manera uniforme. “En términos de comercio, algunas costas todavía no se recuperan a los niveles de 2019”, especifica el documento, cuyos autores son Eliana P. Barleta y Ricardo J. Sánchez, experta en temas marítimos y portuarios, y Jefe de la Unidad de Servicios de Infraestructura (USI) de la CEPAL, respectivamente.

El punto de partida del estudio es la baja en la demanda de bienes de consumo en la región, registrado al inicio de la pandemia, y que se ha prolongado hasta la fecha. Junto con la disminución en el consumo de bienes, también se ha visto una merma en las capacidades industriales de los distintos países, que no cuentan con los insumos necesarios para producir, consumir o reexportar.

Preservar la competencia

“La competencia es el bien a preservar. Por ello, es dable sostener que la existencia de resguardos es más necesaria en un ambiente poco competitivo. El mejor regulador es la competencia, pero mientras ésta no sea suficiente, o existan limitaciones a su funcionamiento, como pareciera ser el caso, un conjunto de reglas permite incentivar un comportamiento socialmente más cercano al óptimo,” es parte de las conclusiones de los datos y tendencias analizadas, que se podrían ver beneficiadas con la existencia de “umbrales máximos de integración de usuarios relevantes, reglas contra la discriminación, incentivos de tiempo de servicio y tiempos de espera”.

Los fletes al alza, que es la principal consecuencia del aumento desmedido de la demanda y la consiguiente escasez de capacidad, se yerguen como el principal problema para las economías más débiles de la región, encareciendo el precio de los bienes de consumo e impactando en el desarrollo industrial y social.

Prioridad en la descarbonización

El documento repara, además, en un aspecto clave a considerar que se refiere a incorporar las variables medioambientales en el sector naviero y en el resto de la cadena de suministro. Las regulaciones que apuntan hacia la reducción de gases de efecto invernadero –descarbonización de la cadena de suministro— están teniendo un impacto cada vez más relevante en la competitividad. No solo las entidades internacionales están subiendo las exigencias ambientales, sino que además los stakeholders de la cadena de suministro –desde los dueños de la carga hasta los usuarios finales— están exigiendo trazabilidad y sostenibilidad ambiental en todo el proceso. Aquellos actores que no cuenten con estas medidas proactivamente aplicadas en sus procedimientos sufrirán en la transición hacia la recuperación, perdiendo competitividad.

 

 



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