¿Qué significa la revisión a la perspectiva crediticia de México?

 

revisión-perspectiva-certificada

 

La agencia calificadora Standard and Poor’s decidió el viernes pasado revisar a negativa la perspectiva de la calificación crediticia de México. Pero ¿qué es lo que eso significa? Para poder comprenderlo es necesario primero entender cuál es la función de estas criticadas, pero al mismo tiempo relevantes empresas del sector financiero.

 

Una agencia calificadora es una empresa de datos especializada en evaluar riesgos. Su función principal es valorar y proveer de información al mercado sobre la capacidad real de pago en tiempo y forma que tienen los instrumentos, las empresas o países para cumplir con sus compromisos financieros adquiridos (deuda).

 

Entre las principales agencias calificadoras en el mundo son Standard and Poor’s (S&P), Fitch Ratings y Moody’s. Cada una fija su postura de acuerdo con disitintos datos que en el caso de los países se basa en indicadores económicos y/o estrategias para manejar su economía. Ellas cuentan con sus propias escalas. Para la firma S&P Global Ratings la escala a largo plazo va de “AAA” (la mejor) a “D” (la peor).

 

En cuanto a la agencia Fitch, la escala es prácticamente la misma, con un úlimo escalón de nivel “NR” (no calificadas). Las calificaciones de Moody’s son diferentes, con “Aaa” como el mejor registro a largo plazo, seguido por “Aa1”, “Aa2”, “Aa3”, “A1”, “A2”, “A3” y “Baa1”. El patrón se mantiene hasta la “C”. Por debajo de “Baa3” son considerados bonos basura.

 

La perspectiva sobre la calificación crediticia de los países, que también es llamada riesgo soberano, es un instrumento que se utiliza para alertar al mercado o posibles inversionistas sobre pronósticos de un futuro descenso en la evaluación. En casos positivos, su función es fomentar la confianza para atraer inversiones.

 

México tiene una calificación de “BBB” ante S&P Global Ratings. Con la perspectiva negativa, la calificadora augura que la calificación del país descenderá a “BB”, reservada para instrumentos, compañías y países poseedores de características especulativas importantes. Es decir, aquellos en los que el resultado de una inversión es incierto.

 

Desde 2013, la calificación de México se mantuvo en el nivel “BBB”, con perspectiva positiva; “BB” es el primer escalón en un rango negativo que se divide entre “BB”, “B”, “CCC”, “CC” y “C”. La revisión por parte de S&P se presenta tras una serie de señalamientos y dudas de otras calificadoras sobre la situación financiera que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex).

 

La cascada de revisiones

El 28 de octubre de 2018, tras la publicación del resultado sobre la consulta sobre el proyecto para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en favor de Santa Lucía, Fitch cambió la perspectiva de México de estable a negativa. La noticia fue en línea con la tomada por la mexicana HR Ratings un día antes de iniciar el periodo de votación sobre si se cancelaría el mega proyecto.

 

En esa ocasión, como consecuencia, no sólo el peso cayó a su nivel más bajo en cuatro meses, el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió más de 1,500 puntos en una sola jornada. Tras el anuncio de este lunes sobre la nota de México, la moneda mexicana y la BMV operaba a la baja, en sus peores niveles en tres semanas.

 

Regulación

Las agencias calificadoras han sido señaladas a nivel internacional como provocadoras de crisis y protagonistas de diversos escándalos de corrupción. Es por ello que diversos actores internacionales y nacionales han llamado a regularlas a través de una legislación sólida.

 

En México, en 2010 inició una discusión al respecto que terminó en 2012, cuando la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) emitió el dictamen final del proyecto de disposiciones aplicables a calificadoras, a fin de fortalecer el sistema financiero en favor de los inversionistas.

 

Entre los cambios destacaron medidas de transparencia para vigilar el comportamiento y los procesos de las agencias, se actualizaron los requisitos para constituirse como institución calificadora, así como la documentación para realizar la solicitud de autorización.

 

Fuente: periódico el economista, secc. economía del martes 5 de marzo de 2019